Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a un total de treinta y siete personas como autoras de los presuntos delitos de estafa y falsificación documental.
Durante la operación, que se ha llevado a cabo en las localidades de Málaga, Torremolinos y Antequera, se han realizado registros domiciliarios en Alhaurín el Grande y en dos locales de una entidad financiera franquiciada ubicados en Málaga y Antequera. Además, se han analizado más de veinte mil de archivos informáticos y numerosa documentación.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio del año pasado. Los investigadores tuvieron conocimiento de que se podrían estar cometiendo estafas bancarias masivas en distintos bancos y entidades financieras de la capital mediante la aportación de documentación falsa. Según las pesquisas, el importe de los préstamos obtenidos y en los que se ha detectado falsificación de los documentos aportados asciende a más de 3.000.000€.
Modus Operandi
Para cometer los fraudes los detenidos presuntamente utilizaban dos métodos. En unos casos, se valían de personas con escasos recursos económicos, a las que les ofrecían la posibilidad de obtener un préstamo personal a cambio de una importante comisión por tramitar la operación. Con tal fin la organización les facilitaba los documentos falsificados.
En otros casos, y aprovechando la precariedad de la situación económica actual y la dificultad para conseguir financiación bancaria, captaban a numerosos clientes demandantes de un crédito hipotecario, cuyas solicitudes habían sido rechazadas por parte de varias entidades financieras dado que su perfil económico no superaba los limites de riesgo establecido por ellas.
Una vez captados estos clientes y en base a esa necesidad económica, modificaban la documentación necesaria (nóminas, declaraciones de IRPF, vidas laborales, etc) y volvían a plantear la operación ante otras entidades de crédito, las cuales aceptaban la operación dado que la misma se encontraba dentro de los niveles de riesgo asumible por la entidad. En este caso igualmente cobraban una comisión esta vez inferior a la anterior.
La Policía Nacional detiene a 22 personas por fraudes vinculados con el “time-sharing”
Agentes de la Policía Nacional han detenido, en Tenerife y en Málaga, a veintidós personas presuntamente dedicadas a los delitos de falsificación y estafa cometidos en el ámbito de la gestión fraudulenta de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles (“time-sharing”). Los estafadores contactaban con los perjudicados para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso, pero una vez que estos se hacían cargo de los gastos de los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero empleado por las víctimas para las supuestas transacciones. Además, otros miembros del grupo engañaban nuevamente a sus víctimas haciéndose pasar por abogados que simulaban litigar con las empresas que les habían defraudado anteriormente.
El Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central inició la investigación tras recibir por parte del Consejo General del Notariado diferentes comunicaciones en las que se le informaba de varias actuaciones fraudulentas. En los documentos se reflejaba que esta actividad ilícita era llevada a cabo por personas desconocidas que usurpaban el nombre de notarías españolas.
Las primeras investigaciones realizadas culminaron en un operativo que permitió detener el pasado mes de junio a siete personas vinculadas con esta actividad ilícita. La abundante información obtenida entonces permitió identificar a nuevos miembros de la organización y tener acceso a nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos procedentes de la estafa. También se determinó la existencia de ramificaciones de la banda en la costa del Sol.
Empleados desleales sustraían las listas de clientes en el Sur de Tenerife
La organización internacional se dedicaba a la utilización de listados o bases de datos de titulares de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, conocido como multipropiedad o “timesharing” con fines defraudatorios. Los listados eran generalmente sustraídos por empleados desleales de las compañías dedicadas a la explotación de este tipo de productos. De ese modo estos datos les permitían a los detenidos contactar con los titulares de los derechos inmobiliarios. Los estafadores se hacían pasar por mediadores en la operación y les hacían creer que existía un comprador.
Cuando las víctimas habían aceptado la propuesta, comenzaban a intercambiar diversa documentación con ellas en las que les hacían creer que eran los presuntos compradores, e incluso los abogados y notarios que garantizaban que la venta estaba cerrada formalmente. Los ahora arrestados ponían en conocimiento de los perjudicados que el dinero ofertado ya estaba a su disposición, si bien antes tenían que cumplir los trámites administrativos de liquidación de derechos, tasas, impuestos, etc. Todos estos gastos eran inventados. Una vez que se realizaba el pago, los intermediarios desaparecían y la operación no se producía.
Estafar a los estafados en la Costa del Sol
Los investigadores averiguaron además que, en algunos casos, las víctimas eran nuevamente estafadas. En esta ocasión la infraestructura del grupo actuaba desde la Costa del Sol y el fraude consistía en hacerse pasar por abogados que supuestamente se encargaban de litigar con las empresas vendedoras de derechos. Afirmaban haber recuperado el dinero que les había sido estafado y les aseguraban que les iba a ser devuelto, para lo que solicitaban nuevos pagos por los servicios prestados.
La operación ha culminado con la detención de veintidós personas en Tenerife y en Málaga. Entre los arrestados se encuentran el presunto cabecilla del grupo, que gestionaba los listados de los titulares de bienes inmuebles en multipropiedad; otros que actuaban como testaferros; así como diversos mandos medios que realizaban diferentes tareas como el reparto de potenciales víctimas, la gestión de las comunicaciones con ellas, la supervisión de cuentas bancarias, la confección de documentación falsa, el reclutamiento, etc.
Asimismo se han efectuado once registros en los que se ha intervenido abundante documentación bancaria, multitud de listados de propietarios de derechos de aprovechamiento por turnos, equipos informáticos, memorias portátiles, scanners, instrucciones para mantener conversaciones con potenciales víctimas, munición del calibre 22, unos grilletes, una pistola de aire comprimido, un dispositivo de descarga eléctrica y más de 30.000 euros en efectivo.
En esta operación han participado agentes del Grupo II de la Sección de Fraudes Financieros de la UDEF Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, de los Grupos de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Tenerife y de la Comisaría Local de Tenerife Sur, así como del Grupo II de Fraudes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga.
La Guardia Civil, en el marco de la operación “CANDELARIA”, desarrollada en Cataluña, han imputado a un menor de edad, residente en Tenerife, como presunto autor de un delito de Daños en Sistemas Informáticos, al haber “infectado” miles de ordenadores ubicados en distintos países, con el objetivo de dominarlos y lanzar ataques masivos a determinadas páginas web, como reto personal para demostrar la vulnerabilidad de esos portales.
